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La Inspección del Ejército Nacional acaba de abrir una investigación interna por el traslado de varios funcionarios de la Defensoría Militar en un helicóptero a zona rural del municipio de Tame (Arauca) donde murieron tres menores de edad que fueron violados y asesinados al parecer por un oficial de del Ejército Nacional. Según algunos pobladores, ellos efectuaron entrevistas haciéndose pasar como integrantes de la Defensoría del Pueblo.

Esta decisión se da luego de las críticas a la Defensoría Militar (Demil) en el proceso judicial que se adelanta contra el subteniente Raúl Muñoz, caso que está siendo examinado con lupa luego del asesinato de la juez Gloria Constanza Gaona quien había pedido investigar a una de las cuatro abogadas de la Defensoría Militar por considerar que estaba dilatando el proceso para que Muñoz quedara en libertar por vencimiento de términos.

Otro de los temas polémicos es el pago a los defensores y abogados por el descuento que el comandado del Ejército realiza a los uniformados por defenderlos en procesos judiciales.

Frente a este tema fuentes militares de altísimo nivel le revelaron a la W que varios uniformados le pagan a esta entidad un porcentaje de su sueldo con el fin de contar con un abogado cuando están acusados de cometer un delito. Según el Ejército este aporte a la Defensoría Militar (Demil) es voluntario.

Otra explicación que entregó el comando del Ejército sobre ¿por qué la Demil encargada de defender militares está en una guarnición militar?, explicaron que se paga un arriendo en el batallón ubicado en la localidad de Puente Aranda.

Sin embargo, un asesor de la Justicia Penal Militar quien pidió no ser identificado dijo textualmente que "por transparencia, la Defensoría Militar no debe estar ubicada en una guarnición”.