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Luego del asesinato de la jueza a cargo del caso de los tres menores de edad presuntamente asesinados por un suboficial del Ejército en zona rural del municipio de Tame (Arauca), numerosas han sido las voces que piden el urgente traslado del proceso judicial a la ciudad de Bogotá, con el fin de garantizar la seguridad e integridad física de la persona que quede a cargo de proferir la sentencia.

A juicio del Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, luego de conocerse la noticia de la muerte de la jueza a cargo del proceso, es "razonable y sensato solicitar a los órganos competentes del Estado colombiano que se autorice la posibilidad del cambio de radicación del proceso a otra región del país que podría ser Bogotá”.

De acuerdo con el funcionario con el cambio de jurisdicción que estaría en manos de la Corte Suprema de Justicia se buscaría que el juicio pudiera adelantarse en condiciones de seguridad para los funcionarios judiciales competentes, quienes quieran aportar su testimonio en el esclarecimiento de los hechos y desde luego para los familiares próximos de las víctimas.

A la propuesta del Defensor del Pueblo se suma también la de la senadora Gilma Jiménez, quien en declaraciones dadas a conocer en horas de la tarde elevó idéntica solicitud ante la Fiscalía, la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de evitar dilaciones y permitir que la justicia nacional cumpla con todas las garantías y su papel de impartir justicia. 

"Hace un mes esta valiente Juez no permitió la dilación y vencimiento de términos del caso del presunto asesino y violador, ex militar Raúl Muñoz. Ella había solicitado al Consejo Superior de la Judicatura, investigar las actuaciones de los abogados con su presunta intención de dilatar el proceso. Con su muerte el caso ya no tiene las garantías y está muy vulnerado, razón por la cuál debe ser trasladado a Bogotá para que la muerte de estos niños no queden en la impunidad”, manifestó la senadora por medio de un comunicado.

Por su parte, la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, manifestó que a la zona había sido enviado un equipo especial de expertos en criminalística que está adelantando las investigaciones iniciales, a partir de los testimonios de algunas personas que presenciaron el homicidio, no obstante reconocer que todavía no se tenía ningún tipo de hipótesis respecto a los posibles autores del crimen.

La jueza Gloria Constanza Rengifo, encargada de llevar el caso del múltiple homicidio de los hermanos Jenny, Jimmy y Jeferson Torres Jaimes, atribuido a un subteniente del Ejército en Tame (Arauca) fue asesinada este martes en horas de la mañana.

El hecho motivo de investigación, ocurrió sobre las 8:10 a.m. según el gobernador departamental, Luis Eduardo Ataya Arias, y fue perpetuado por sicarios cuya identidad se desconoce en la población de Saravena.

Las autoridades adelantan las respectivas pesquisas para dar con la identidad y paradero de los responsables de la muerte de la juez, quien nunca reportó amenazas en su contra, según afirmó el gobernador Ataya.

De acuerdo con la versión digital del diario El Espectador, además del caso de los niños de Tame, Rengifo llevaba otras investigaciones como rebelión y terrorismo por parte de las Farc y el Eln.

RECOMPENSA DE $ 500 MILLONES

Una vez se tuvo conocimiento del asesinato de la jueza, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que expresó su rechazo contra el luctuoso hecho a la par de declarar que se crearía un grupo de alto nivel para investigar el crimen, así como el ofrecimiento de una recompensa de  500 millones de pesos a cualquier persona que diera información sobre los autores del crimen.  

"El Señor Presidente de la República se ha comunicado con la Señora Fiscal de la Nación y con el Director General de la Policía, con quienes ha acordado la conformación de una comisión investigadora de alto nivel para este caso, integrada por el Director de la DIJIN y la Directora del CTI, quienes se trasladarán en las próximas horas al Departamento de Arauca”, reza uno de los apartes del comunicado.

De igual manera, el Gobierno reiteró su compromiso en la defensa de la labor de los miembros de la rama judicial y líderes sindicales, al tiempo que insistía en su "disposición y obligación moral, ética y constitucional de proteger, sin tregua, los derechos humanos de todos los colombianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año”.

LOS HOMICIDIOS

Los hermanos Jenny, Jimmy y Jeferson Torres, de 14, 9 y 6 años fueron apuñalados por su presunto victimario, quien reconoció haber violado a la niña, según pruebas recogidas en el sitio por investigadores de la Fiscalía.

Los menores vivían en Caño Tembladores, aldea rural de Tame (Arauca), y el caso había sido denunciado previamente por Torres como un posible caso de desaparición registrado tras el arribo al área de una brigada militar móvil conformada por unos 60 uniformados.

La presencia de los militares fue reconocida por el comando del Ejército Nacional, que en un comunicado emitido el pasado 24 de octubre admitió haber conocido "versiones que asociaban a miembros de la institución con malos tratos a la población".

En la nota, el estamento castrense anunció que había ordenado el traslado de los uniformados de dicha brigada a Arauca para facilitar una investigación interna y las tareas de las autoridades judiciales.